
El documento, elaborado por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales, da cuenta de seis conflictos sociales nuevos: dos de carácter socioambiental (ubicados en Áncash y en Puno); uno de naturaleza laboral (ubicado en Lima); uno vinculado a Asuntos de Gobierno Nacional (ubicado en Lima) y otro a Asuntos de Gobierno Regional (ubicado en Áncash). Además se registran dos conflictos por demarcación territorial, reactivados: uno en Cajamarca, y otro, en Junín. Con relación a los tipos de conflicto se debe precisar que, del número total, el 56,8% (125 casos) está integrado por conflictos socioambientales, seguido por los conflictos por Asuntos de Gobierno Nacional, con el 8,2% (18 casos), y los conflictos por Asuntos de Gobierno Local, con el 7,7% (17 casos).
Por otra parte, ante los hechos ocurridos en Cajamarca durante el paro realizado en rechazo al proyecto minero Conga, la Defensoría del Pueblo reitera su invocación a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como a todos los actores sociales involucrados, a reanudar el proceso de diálogo con el fin de lograr acuerdos sustentables que permitan atender la referida problemática.
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